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27 de octubre de 2009




El PSOE acusa diariamente al Partido Popular de no apoyar al Gobierno, y de no tener alternativa. Sin embargo, en el ámbito parlamentario queda patente cómo mientras el Grupo Parlamentario Popular ha apoyado numerosas iniciativas, el Gobierno veta nuestras alternativas sin ni siquiera permitir que éstas se debatan en el Parlamento.

Así, en lo que va de Legislatura, el Gobierno ha vetado 13 proposiciones de ley del Grupo Parlamentario Popular, en la última, el Gobierno, por medio del Grupo Parlamentario Socialista, ha vetado la tramitación de una Proposición de Ley del Partido Popular para evitar la congelación de las pensiones contributivas en 2011.

El veto carece de justificación legal, no se sustenta en razones económicas admisibles (hay superávit en Seguridad Social) y entra en contradicción con poderosas razones sociales, al poner en cuestión el Pacto de Toledo y recortar los derechos de los pensionistas. Hay que recordar que la no congelación de las pensiones ya ha sido acordada por la Cámara hasta en 4 ocasiones, mediante la aprobación de mociones y una propuesta de resolución en el Debate del Estado de la Nación.

Cuando nuestra Constitución española en su artículo 134.6 y el Reglamento del Congreso en el 126.2 otorgan al Gobierno facultades para vetar proposiciones o enmiendas, se refiere a aquellas que supongan de forma directa un aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios. Por tanto, la argumentación del Gobierno carece de fundamento legal, ya que no tendría impacto de los Presupuestos Generales del Estado vigentes del 2010, que son los que se refieren el artículo 134, y los del 2011 todavía no se han presentado por el Gobierno para su debate y aprobación.

La congelación, impuesta por el Gobierno mediante el R.D.L. 8/2010, pretende ahorrar a costa de los pensionistas 1.400 millones de euros en el Régimen de la Seguridad Social y otros 130 millones adicionales en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, pero esta situación va a erosionar gravemente el poder adquisitivo de los más de 5 millones de pensionistas.

La congelación resulta por completo injustificada, ya que el Gobierno viene insistiendo en el superávit de la Seguridad Social. En 2008, según el propio Gobierno, se registró un superávit de 8.500 millones de euros y en 2009, otro superávit de 8.000 millones de euros, cantidades ciertamente superiores a los 1.400 millones de euros que el Gobierno quiere recortar en perjuicio de los pensionistas. A ello hay que añadir que el Fondo de Reserva de las pensiones, dotado con más de 60.000 millones de euros. Fondo que se estableció en 1997 para hacer frente a situaciones de dificultad económica y crisis, tal y como ahora está sucediendo.

El veto del Gobierno, en este caso, supone un exceso en el ejercicio de sus facultades que no viene amparado ni justificado por nuestro ordenamiento y por ello el Grupo Parlamentario Popular se está planteando la posibilidad de recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional.

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