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El Gobierno aprueba la reforma financiera más ambiciosa de la historia de la democracia, que devolverá la solvencia y estabilidad al sector:

El real decreto ley de saneamiento del sistema financiero contempla una reestructuración en el sector, el cumplimiento con las directivas europeas y una garantía de transparencia y buen gobierno de las entidades.

La reforma fortalecerá la confianza en la economía española y la credibilidad en el sector, minimizará la ayuda pública a las entidades financieras, abaratará el precio de la vivienda y abrirá el crédito a familias y pymes.

Esta iniciativa suple ocho años de fracaso socialista en los que el sector financiero se ha visto colapsado con medidas inútiles que no hacían más que ahogar el crecimiento.

Con esta reforma la banca tendra que valorar sus activos inmobiliarios a precios mas ajustados a la realidad para darles salida en un mercado en el que la venta de inmuebles es cada vez mas dificil.

Ademas, la banca tendra que hacer una provision generica del 7% por todos los prestamos a promotores no dudosos, que en este momento ascienden a 148.000 millones de euros.

En total, las entidades tendran que sanear sus creditos problematicos, concretamente, en 50.000 millones de euros, una medida que no afecta en forma alguna a los bolsillos de los ciudadanos.

De esta forma, tambien, las viviendas que salgan a mercado lo haran a un precio mas reducido.

El ministerio de Economía y Competitividad establece un calendario riguroso para acelerar el saneamiento de la banca y reducir su tamaño:

Las entidades tendrán de plazo hasta el 31 de diciembre de 2012 para realizar estos saneamientos.

Las entidades que quieran fusionarse tendrán hasta el 30 de septiembre para presentar su propuesta ante el Gobierno, que tomará su decisión con el respaldo del Banco de España.

Con esta reforma, los bancos recuperarán la confianza de los inversores y de los ciudadanos:

Los bancos podrán superar las dificultades que ahora tienen para acudir a los mercados mayoristas de capital y dar más créditos a las familias y empresas.

Lo que se pretende con esta reforma es tener un sistema bancario con entidades más sólidas, más saneadas y con mucho mejor gobierno corporativo.

El Gobierno limitará las retribuciones de los altos cargos de las entidades que hayan recibido ayudas públicas o hayan sido intervenidas:

La reforma limitará a 600.000 euros la retribución fija máxima anual de los directivos de aquellas entidades que hayan recibido dinero del FROB y a 300.000 a aquellas que hayan sido intervenidas.

De esta forma, se impone a los presidentes de las entidades un límite de la retribución máxima fija del 67% respecto a la remuneración media que hay en estos momentos, y del 65% para el resto de la alta dirección.

Esta medida pionera en España supone una garantía de control de excesos y de transparencia para los ciudadanos.

En esta línea de transparencia y buen gobierno, la reforma contempla también una simplificación de la estructura de las cajas de ahorro:

Las cajas con negocio bancario deberán reducir sus órganos de gestión.

Además, las cajas de ahorros desprovistas del negocio financiero deberán destinar a su obra social al menos el 90 % de los dividendos que reciban por su participación en el banco.

El Gobierno establece un umbral del 25% de capital de crédito de las cajas, por debajo del cual la entidad deberá convertirse en fundación.

El Gobierno aprueba una línea ICO para que las CCAA puedan hacer frente a las deudas contraídas con los proveedores::

La Comisión Delegada de Asuntos Económicos ha aprobado una dotación de 10 mil millones de euros a esta línea, ampliable hasta 15 mil millones.

Esta medida trata de paliar la morosidad y los aplazamientos en el pago de la deuda con proveedores y dinamizar a las pymes que tienen facturas por pagar de las comunidades autónomas.

El objetivo es que las administraciones no se conviertan en los mayores deudores de las empresas privadas y se reactive el crecimiento económico y desarrollo de las pymes, los mayores afectados por esta situación.

Las CCAA deberán presentar previamente un plan de ajuste que asegure el cumplimiento del objetivo del déficit y un informe con las operaciones de endeudamiento antes de que se produzca cada situación.




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