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Todos vimos hace unos días la Plaza de Vistalegre llena, con más de 16.000 personas animando a los líderes sindicales de UGT y CCOO, más otros 3.000 que se quedaron fuera.

Nos preguntamos como es posible que se junten 19.000 personas en plena jornada laboral. ¿Son todos liberados sindicales?. ¿Puede un Delegado Sindical dejar su trabajo y venir a Madrid, desde todos los puntos de España, a un acto de estas características?. No cabe duda de pudieron pedir un día libre sin sueldo. ¿Pero todos?.

Si tomamos las estimaciones de la CEOE, el número de liberados sindicales a tiempo completo es de 4.127, sin contar los liberados de las distintas administraciones. Este dato, en una cuenta sencilla, nos arroja una cifra de que 10.000 personas que asistieron al acto lo realizaron en jornada laboral.

Nuestra compañera y diputada del PP por Palencia, Celinda Sánchez, ha preguntado 102 veces al gobierno, ¿Cuántos liberados sindicales hay en España?, encontrado una única respuesta a 79 de las 102 presuntas: "reproducen artículos del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley Orgánica Sindical", pero sin aportar información esclarecedora al respecto. Todo apunta a que este número sea un secreto de estado.

La realidad es que en la empresa privada hay un delegado sindical por cada 39 trabajadores, lo que puede suponer un ejército de más de 300.000 personas, y si solo consideramos la cifra de 4.127 liberados declarados por la CEOE, estos tienen un coste de 250 millones de euros al año.

Un delegado sindical dispone de 40 horas al mes para su actividad, pero renuncian a ellas a favor de otra persona, que cuando llega al número total de horas laborables de un mes, este queda liberado y comienza a trabajar en, para y por el sindicato. Este problema se agrava en las Comunidades Autónomas y en los Ayuntamientos, ya que pueden existir liberados sindicales que no son delegados, ya que no han estado en listas en las elecciones

 Y en la Comunidad de Madrid 

Nuestra Presidenta ha comunicado en el último Debate de la Región, que eliminaría por ley a unos 1.900 liberados de los casi 3.400 que existen actualmente (2,09% de los empleados públicos), suponiendo un ahorro de unos 70 millones de euros al año. Esta medida ha sido apoyada por Mariano Rajoy, calificándola de "muy razonable".

El Gobierno de la Comunidad de Madrid es partidario de sentarse y hablar con los sindicatos, con el fin de afrontar el problema racionalmente, y no esconder la cabeza como actúa el gobierno de Zapatero.

Esperanza Aguirre llevará a la Asamblea de Madrid la Ley de Racionalización y Adelgazamiento de la Administración, que conllevará la reducción de los 3.350 liberados sindicales a 1.420, y rebajará las horas de delegado de 75 a 40 mensuales. Para realizarlo, se acogerá al artículo 38 de la Ley del Estatuto del Empleado Público, aprobada por Zapatero en 2007, donde permite que se puedan suspender acuerdos colectivos en una situación económica grave. Siendo este mismo artículo el que Zapatero se acogió para bajar el sueldo de los empleados públicos.

Se pedirá a los sindicatos que decidan que 1.930 trabajadores dejaran sus funciones sindicales y retornaran a sus puestos de trabajo públicos. Los 1.420, elegidos en elecciones sindicales, continuaran realizando sus funciones de defensa de los derechos de los empleados públicos, como recoge la Ley de Libertad Sindical.

Por otro lado, se quiere terminar con la fragmentación de centros de trabajo, para ello se establecerá un centro de trabajo por Consejería, Empresa o Ente Público. En la actualidad hay departamentos muy pequeños que se han constituido como centros de trabajo a efectos sindicales, y de esta forma, aunque solo tengan un trabajador, pueden contar con un delegado sindical. Esta situación ha llevado a que en las 9 Consejerías han acumulado 303 centros de trabajo, que cuentan con 289 comités de empresa.

La Comunidad de Madrid, por medio de su Consejero de la Presidencia Francisco Granados, lleva dos años negociando con los sindicatos la reducción de centros de trabajo y como consecuencia delegados y liberados sindicales. Pero sin llegar a acuerdo alguno, a pesar de los 18 borradores de propuestas presentadas a los responsables sindicales.

En la actualidad existe la práctica de unir las horas de 2 delegados, y así conseguir las 150 horas que permiten liberar a una persona, que deja su puesto de trabajo en la Comunidad de Madrid, y se traslada a su sindicato. Esta situación obliga a contratar a interinos para que hagan su función, con el coste adicional que supone.

A esta situación se comenzó a dar en 1986, época de Joaquín Leguina como Presidente de la Comunidad de Madrid, y que en sucesivas negociaciones colectivas se han ido mejorando las condiciones. Condiciones que permite mejorar a los sindicatos pero no las condiciones de los trabajadores públicos.

El PSOE,y en concreto Trinidad Jiménez, ha acusado a nuestra Presidenta de "sectaria", pero que haría ella si fura presidenta, "mantener y mejorar esta situación".



 Y los dirigentes sindicales, ¿qué hacen? 

Un gran número de dirigentes sindicales cobran subvenciones, por llamarlo de alguna manera, de empresas públicas y privadas, como asesores, consejeros, vocales, etc., caso de Renfe, Adif, Caja Madrid, por citar algunos ejemplos. Llegando en algunos casos a retribuciones de más de 30.000 euros al año.

En menor medida y como ejemplo, en el Consejo Económico y Social (CES) hay 20 sindicalistas, si bien no tienen retribuciones directas, cobran dietas y pluses por su participación, pagadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.



 Y el Partido Popular, ¿qué piensa? 

El Partido Popular considera que los sindicatos son necesarios en el ordenamiento laboral y realizan una gran tarea, pero en la actualidad la labor sindical se ha convertido en una gran máquina burocrática, que entorpece, más que ayuda, a los derechos de los trabajadores.

En un momento de esfuerzo colectivo, ante la situación económica que vivimos, no tiene sentido que la estructura sindical no cambie y evolucione a posiciones más racionales.

Todos tenemos derecho a conocer: cuantos son y lo que cuestan a las arcas públicas. El gobierno no hace más que tirar balones fuera, ocultando reiteradamente el número de representantes sindicales, bien por que lo desconoce, o la cifra es tan escandalosa que no tiene el valor suficiente para comunicarlo a la sociedad.

Nuestro Presidente, Mariano Rajoy, en el debate de las medidas para paliar el déficit, propuso reducir las subvenciones a los sindicatos y partidos políticos, pero una vez más predico en el desierto.





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