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Los ciudadanos de Madrid tenemos que estar contentos. Se ha hecho justicia. Esta justicia no compensará los terribles inconvenientes a que nos vimos sometidos cuando una serie de chantajistas, decidió dejar sin servicio el Metro. Un juzgado de Madrid ha reconocido que la huelga excedió los límites del derecho de huelga y que, como cualquier derecho fundamental, no puede ser ejercido a costa de los derechos fundamentales de la colectividad. El derecho a moverse de los madrileños es un bien superior que el derecho de los caciques a "reventar Madrid" según sus propias palabras.

El Partido Popular ha mantenido una línea coherente en esta huelga, y la ha mantenido con otras, como la de los controladores aéreos. Hemos defendido que España no puede permitirse más huelgas ni parones, no puede permitirse inactividad ni manifestaciones estériles. No sería raro ver a millones de parados manifestarse a las puertas del Palacio de la Moncloa, pero resulta extraño e incoherente ver cómo unos piqueteros niegan al conjunto de la sociedad madrileña el derecho a trabajar.

Incoherente resulta también que se saque pecho por apagar la "revuelta de los controladores" y sin embargo se diga que los trabajadores de Metro tienen derecho a paralizar un servicio esencial para la comunidad. Se dijo en aquel entonces, no solo por el opositor Gómez sino por toda la izquierda mediática, que la huelga era un derecho que si no causaba trastornos significativos, no servía para nada.

Lo que la juez ha dicho es que nadie puede ampararse en un teórico abuso del Gobierno al establecer los servicios mínimos, para dejar de prestar un servicio esencial para el conjunto de los ciudadanos. No se puede admitir que la llave del progreso de la sociedad madrileña la tengan cuatro sindicalistas que con actitudes totalmente mafiosas, impidieron a sus colegas ejercer su derecho al trabajo.

En el momento en que la sentencia ha sido conocida, era de esperar la reacción de los sindicatos, refiriéndose a la eventual declaración de abusivos de los servicios mínimos, aunque ello nada tenga que ver con la sentencia que les declara responsables del daño causado. Lo que mejor retrata la responsabilidad de la oposición, en voz de su portavoz en la Asamblea, Maru Menéndez, es que ha acusado a Esperanza Aguirre ¡del boicot de los sindicatos! Es decir, que la Presidenta regional tiene la culpa de que los sindicatos "reventaran Madrid".

La justicia ha conseguido que los ciudadanos recuperemos la confianza en el sistema. Ha ido en contra del tópico de que la justicia siempre es lenta y ha reaccionado rápidamente ante una situación inadmisible. Madrid, motor económico de España, no puede permitir quedarse parado por la decisión de cuatro mafiosos. Este es el mensaje. Seguramente no acabarán pagando ni un euro de los casi seis millones en que está cuantificada su tropelía. No han sido capaces de pedir perdón a los más de tres millones de usuarios a los que impidieron moverse esos días.

Nos queda el consuelo de saber que cuando alguien haga algo mal, la justicia rectificará esa desviación. La satisfacción moral sería superior si consiguiéramos que además quienes causan el mal pagaran los daños. Pero sobre todo nos queda la satisfacción moral de haber adoptado una decisión coherente y consecuente. Nos queda la satisfacción de ver como quienes desde determinadas posiciones políticas defendieron un boicot a la sociedad madrileña, se ven amonestados por la justicia.

Nuestro deber es hacer saber a los ciudadanos que nadie les privará de sus derechos sin pagar por ello.


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