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Fuente: La Razón - 6 de marzo de 2013



La federación madrileña está negociando esta deuda con el Ministerio, aunque el partido encabezado por Cayo Lara no descarta que otras hayan realizado "trampas" fiscales.

IU obvia las deudas de las federaciones en su web. La página permite consultar la información de la ejecutiva federal pero omite las cifras autonómicas.

Izquierda Unida (IU) de la Comunidad de Madrid mantiene una deuda de 1,2 millones de euros con el Ministerio de Hacienda por el impago de varios impuestos hasta 2009, tal y como reconocío la propia federación al periódico LA RAZÓN.

Actualmente está negociando las condiciones de la misma y debe realizar un primer depósito de 300.000 euros para que el departamento capitaneado por Cristóbal Montero proceda a su aplazamiento. Cerrar este asunto que llevan arrastrando durante años, se ha convertido ahora, siempre de acuerdo con su versión, en una "prioridad absoluta" y les ha obligado a recurrir a entidades financieras en busca de crédito, ya que las subvenciones públicas y las cuotas que abonan sus afiliados no son suficientes para cubrir este desembolso y sus gastos cotidianos.

La mayor parte de la deuda contraída se debería a que la federación madrileña no pagó durante años las retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de sus empleados a Hacienda. Este extremo, según expertos en derecho fiscal consultados por este periódico, es muy fácil de detectar. De hecho, en los casos en los que la empresa -en este supuesto el partido- realiza las retenciones pero no las ingresa, el fraude se descubre en el momento en el que el trabajador realiza su declaración de la renta.

Sorprende que el partido sea consciente de que dentro de su casa puede haber quien no pague correctamente sus impuestos, cuando su coordinador federal ha convertido la lucha contra el fraude fiscal en uno de sus principales argumentos de batalla y aprovecha cualquier tribuna pública para arremeter contra los evasores. Así lo demostró en una entrevista en la Cadena Ser el pasado mes de abril, en la que aseguró que "ningún Gobierno ha querido hincar el diente al fraude fiscal", o en su intervención en el reciente Debate sobre el Estado de la Nación, durante la que "reclamó que se combatiese sin contemplaciones esta práctica, sobre todo de grandes empresas y evasores".

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, apenas pudo explicar cómo una organización política, que presume de ser ejemplar y que se dedica a repartir credenciales de integridad en la vida pública española, mantiene desde hace años una deuda con Hacienda de al menos 1,2 millones de euros por no pagar las retenciones del IRPF de sus empleados.

Izquierda Unida dedica un apartado entero de su página web a la transparencia y en él figuran propuestas legislativas en esta materia, así como los balances de situación y las cuentas de pérdidas y ganancias de la formación en los últimos años. Concretamente, se puede acceder a los datos que todavía no están auditados por el Tribunal de Cuentas y, a simple vista, los documentos parecen muy detallados. Al consultar las cuentas de 2008, también se pueden ver las cifras de 2007 para constatar los cambios respecto al año anterior. Sin embargo, éstos no son los únicos cambios que refleja el documento. Si se acude al informe de fiscalización de los partidos políticos del ejercicio 2007, el último elaborado por el Tribunal de Cuentas, se observa que las cifras difieren considerablemente, y lo hacen porque el órgano fiscalizador agrega los datos de las federaciones a los de la ejecutiva federal. Es decir, el tribunal intenta dar una visión global de las cuentas de IU a lo largo y ancho de España, mientras que la ejecutiva sólo publica sus datos y obvia los del resto de organizaciones que, en definitiva, configuran el partido.

Así, el informe del Tribunal de Cuentas muestra que IU tuvo un déficit de 395.504,90 euros en 2007, frente al superávit de 593.215,45 euros recogido por la formación de Cayo Lara en su web. La cifra del órgano encargado de controlar las cuentas de los partidos incluye los datos facilitados por la ejecutiva y por las distintas federaciones, aunque tampoco da una imagen fiable de las cuentas unificadas porque, como publicaba LA RAZÓN, las ramas de IU en cuatro comunidades autónomas ni siquiera presentaron sus cuentas y otras tres lo hicieron tan tarde que serán fiscalizadas en el próximo informe. Esta circunstancia supone, según recalca el propio Tribunal de Cuentas, "una importante limitación al alcance de la fiscalización de la actividad económico-financiera correspondiente al ejercicio 2007". O lo que es lo mismo, las cuentas reales y las de la web de IU podrían presentar mayores diferencias incluso.



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